Lunes 23 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Cancelación de la une

Fecha de publicación: 11-09-19
Por: Editorial

A pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ordena que deben cancelarse los partidos políticos por incumplimiento de las reglas de financiamiento electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han venido haciendo caso omiso de la denuncias, por financiamiento electoral ilícito, presentadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Cabe recordar que, a mediados de 2015, la CICIG, en un comunicado oficial, expresó: “Durante la
administración de Álvaro Colom operaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder: a) Gloria Torres: Una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó la hermana de la entonces esposa del presidente, Sandra Torres. La señora Gloria Torres fue una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización; y b) Obdulio Solórzano Montepeque: Lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo, en 2003 y por este mismo partido, como diputado por Escuintla; a principios del gobierno de Álvaro Colom, fue nombrado director de Fonapaz. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción”.

Asimismo, en 2017, los auditores del TSE identificaron los siguientes hallazgos: 1) La UNE reportó que tenía una deuda de Q24.3 millones con cinco empresas del grupo Albavisión, no obstante que los respectivos medios de comunicación informaron que no existía tal deuda. En los documentos de descargo que presentó la UNE, los contadores de Albavisión cambiaron su versión y dijeron que sí existía deuda, porque anteriormente no se habían incluido los saldos vencidos que estaban en morosidad; y 2) La UNE ocultó los nombres de quienes financiaron el pago de US$68 mil a una empresa dedicada a alquiler de helicópteros, pero el hallazgo fue supuestamente desvanecido, porque, según el Director del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, la UNE comprobó que dichos pagos correspondían a una liquidación de dólares que habían sido recibidos en efectivo.

En octubre de 2017, la CICIG y el MP presentaron una denuncia penal contra el diputado Orlando Blanco, secretario general de la UNE, por financiamiento electoral ilícito, por el referido alquiler de helicópteros, quien fue desaforado.

A finales del mes pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP solicitó al TSE la cancelación de la UNE por no haber registrado Q27.7 millones recibidos en concepto de financiamiento electoral con motivo de la campaña electoral de 2015. Por supuesto, habrá que ver qué ocurrió durante el proceso electoral 2019.

No obstante, los actuales magistrados propietarios del TSE, que ya deberían haber sido sustituidos en sus cargos, por vencimiento del periodo de sus funciones, le han venido dando largas al asunto, y para ninguno es un secreto que se resisten a iniciar el respectivo proceso de cancelación de la UNE, evidenciando con ello, una vez más, su notoria parcialidad y vinculación político partidista, así como su inclinación a impartir una justicia electoral selectiva.

En todo caso, todo el mundo se pregunta: ¿Será que el TSE autorizará que los diputados electos por la UNE asuman cargos directivos y de representación en el Congreso, en fraude de la LEPP?